En esta obra se establece el lineamiento para la organización y funcionamiento de los registros públicos, como son: registro de la propiedad, mercantil, regulando la creación, operación, y supervisión de los registros públicos a nivel nacional, asegurando de esta forma, la integridad y veracidad de los datos registrados y promoviendo la eficiencia en la gestión administrativa de los mismos.
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En esta obra se establece el lineamiento para la organización y funcionamiento de los registros públicos, como son: registro de la propiedad, mercantil, regulando la creación, operación, y supervisión de los registros públicos a nivel nacional, asegurando de esta forma, la integridad y veracidad de los datos registrados y promoviendo la eficiencia en la gestión administrativa de los mismos.
Referencias específicas
Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual.
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Este segundo tomo se trata sobre el sistema electoral, el manejo financiero de partidos y movimientos políticos, el desarrollo de procesos electorales, financiamiento, derechos, obligaciones y sanciones de las organizaciones políticas en general.
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En este volumen de la Colección reviso el Derecho Público en la administración del Estado. Por supuesto que hay otros derechos públicos pertinentes, que no se trata en la presente obra, especialmente el Derecho Financiero en su rama Derecho Presupuestario, que estudiaremos más adelante, en otro volumen.
Así, la prevención es: no todos los derechos públicos serán sujetos de los presentes estudios, sino solamente los que se relacionan con la administración del Estado.
Formato PDF / Autor: Efraín Pérez / Año: 2025/ Edición: Primera.
La obra "Inteligencia Artificial Jurídica: de la práctica a la epistemologia" representa una herramienta invaluable para el profesional del derecho en la actualidad, ya que proporciona una visión detallada y actualizada sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito legal.
Es fundamental que los abogados comprendan y utilicen esta tecnología para potenciar su conocimiento procedimental, permitiéndoles agilizar procesos, mejorar la eficiencia en la gestión de casos y acceder a información relevante de manera rápida y precisa.
Además, el uso de la inteligencia artificial jurídica en la interpretación y análisis de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, se convierte en una herramienta poderosa para los profesionales del derecho.
La obra brinda una perspectiva integral sobre cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para fortalecer el ejercicio profesional, fomentar la actualización constante en un entorno legal dinámico y promover una mayor eficacia en la prestación de servicios legales.
Formato PDF / Páginas: 189/ Juan José Páez Rivadeneira / 2025/ Edición: Primera.
Este tomo hace referencia a los aspectos administrativos, normativos e institucionales de las telecomunicaciones, se regulan los registros públicos, consultas, establecimiento de sanciones y se promueve al mercado como mecanismo para promover la competencia.
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En la obra se realiza también un análisis de Derecho Comparado y concluye proponiendo la autora 1) las modificaciones normativas para viabilizar y legitimar la valoración probatoria y, 2) las pautas de desarrollo jurisprudencial constitucional para incorporar a través de la garantía a la Tutela Judicial Efectiva, la proscripción de la arbitrariedad de la decisión basada en un error de hecho o de sana crítica.
Tamaño: A5 / Formato Impreso / Portada: Pasta rústica / Número de Páginas: 296 / Autor: Melissa Cabanilla Hernández / Año: 2021 / Primera Edición.
Bajo la normativa del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, (DE-2428. RO 536: 18-mar-2002) se encuentran sometidos los órganos y entidades dependientes de la Función Ejecutiva que integran la administración pública central e institucional; regula su administración, funcionamiento, organización, responsabilidad, los actos y hechos administrativos; además se encuentra como legislación conexa a esta obra normativa referente a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, Gobernaciones, Ministerios y del Sistema de Planificación Nacional.
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¿Cómo no se puede ejecutar el contrato sin la previa celebración o formalización del instrumento, es procedente el pago del anticipo antes de la protocolización del contrato?
¿Puede el administrador del contrato cuyo plazo feneció ordenar la continuación de la prestación de los servicios? ¿Tiene competencia? ¿Si lo hace qué efectos tendría para el proveedor esa orden? ¿Para la entidad pública? ¿Para el administrador del contrato?
¿Oué clase de responsabilidad le corresponde al administrador entrante que no observa ni remedia las deficiencias producidas durante la administración a cargo del saliente?
¿Es aplicable el axioma jurídico "la mora purga la mora " a los contratos administrativos?
¿La aplicación de las multas es ilimitada o existe un límite para su imposición?
¿Contrato modificatorio para incluir la cláusula de multas omitida en el principal?
¿Si se contrató con un integrante de un consorcio o asociación que registraba una causa de inhabilidad, es causa de terminación unilateral del contrato por habérselo celebrado contra expresa prohibición de la LOSNCP
¿Carecer de los estudios, como lo exige la LOSNCP, antes de iniciar el procedimiento precontractual, es causa de terminación unilateral y anticipada del contrato?
Tamaño: A5 / Formato Impreso / Portada: Pasta rústica / Número de Páginas: 304/ Autor: Francisco Poveda Almeida / Año: 2021/ Edición: Primera.
Esta colección de estudios sobre las diferentes instituciones de la Administración Pública ecuatoriana se visualiza en 10 títulos. Las materias tratadas tienen sus antecedentes en las Instituciones contenidas en mi obra sobre Derecho Administrativo que se inician en el s. XXI (año 2000), que me empeñé en completar y poner al día hasta la presente fecha, tanto en el tema de la doctrina cuanto a la legislación ecuatoriana y algunas extranjeras.
Se necesita tomar en cuenta que la apertura que conceden las normas legales para que el Ejecutivo establezca nuevas entidades y dependencias o modifique sus nombres, determina modificaciones en instituciones, a veces con las mismas facultades. Por tal razón se advierte que las denominaciones mencionadas son las vigentes en la actualidad, por lo que se recomienda estar atentos a posteriores reformas.
Tamaño: A5 / Formato Impreso / Portada: Pasta rústica / Número de Páginas: 146/ Efraín Pérez / Año: 2025/ Edición: Primera.
En este tomo se regulan todos los aspectos relacionados con la actividad portuaria, competencias, régimen administrativo, la realización de auditorías portuarias, servicios portuarios, el sistema de tarifas y los aspectos relacionados con la mitigación de contaminación y control de actividades de contrabando.
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Este libro rompe con la visión imperante en la doctrina de la litigación oral: el enfoque tridimensional -preguntas abiertas, cerradas y sugestivas-. De hecho, Diego Zalamea y Felipe Vásquez no solo demuestran que, desde el punto de vista ontológico, esta división es inexacta, sino que además revelan de manera detallada cómo este error de concepción condujo al fracaso de la doctrina contemporánea sobre litigio.
En realidad, la obra ofrece un análisis exhaustivo de las propuestas vigentes que resulta demoledor: los autores evidencian que las directrices actuales para el interrogatorio y el contrainterrogatorio son escasas, excesivamente generales y, salvo un par de casos, al menos parcialmente erróneas.
Formato PDF / Autor: Diego Zalamea León, Felipe Vásquez Jiménez / Año: 2025/ Edición: Primera.
Este primer tomo establece las bases normativas para garantizar los derechos políticos y de participación de la ciudadanía, así como la independencia y autonomía de los órganos y organismos electorales, la transparencia y legitimidad del gasto y propaganda electoral.
Tamaño: A5 / Formato Impreso / Portada: Pasta rústica.
Nuestra nación ha sido históricamente golpeada por actos de corrupción y de abuso de los recursos públicos. Las conductas de muchos gobernantes y funcionarios, cuando no de varios contratistas del Estado han lesionado gravemente el interés público. Para evitar esas patologías, el principio de control, propio de los reales Estados de Derecho, implementa sistemas y órganos encargados de vigilar el correcto uso de dichos recursos y, además, la conducta administrativa de funcionarios y particulares que manejan aquellos bienes.
En Ecuador, entonces, no faltan normas jurídicas, del más variado nivel, tendentes a garantizar la aplicación de ese principio, al punto, incluso, de establecer el principio constitucional de responsabilidad. Lamentablemente, las normas no alcanzan para combatir la corrupción cuando hay falta de voluntad política y ausencia de ética en quienes se encargan del uso y manejo de recursos públicos; tampoco cuando la Contraloría General del Estado es tomada por el poder político como instrumento de amenaza o persecución, llegando al extremo de ser selectiva en su accionar: laxitud en algunos casos y, en otros, total rigurosidad y arbitrariedad. Politizar el control de los recursos públicos provoca un resultado contrario: impunidad, falta de autonomía del ente contralor y crecimiento de la corrupción.
Impreso / Autor: Ismael Quintana / 2025/ Edición: Segunda.
Grecia ha sido considerada la cuna de la civilización y en esta sociedad se estableció la Ley que regulaba la Conciliación; en Roma, los conflictos y diferencias se solucionaban a través del dialogo y la conciliación en base a la Ley de 12 tablas.
En la época contemporánea el sistema de la mediación ha jugado un papel trascendental en la resolución de conflictos, tanto en el sector público como privado.
Se considera al conflicto como un fenómeno social inevitable para la humanidad. Las causas tienen un origen variable, como la mala distribución de la riqueza, la exclusión, la mala comunicación, la desinformación, diferencias entre grupos sociales e individuales, violación a los derechos humanos, entre otros. Todas estas causas que generan conflicto pueden ser resueltas mediante los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, MASC, y de ahí su importancia.
Tamaño: A5 / Formato Impreso / Portada: Pasta rústica / Número de Páginas: 168/ Autor: Luis Jiménez Guerra / Año: 2025/ Edición: Primera.
Nuestra nación ha sido históricamente golpeada por actos de corrupción y de abuso de los recursos públicos. Las conductas de muchos gobernantes y funcionarios, cuando no de varios contratistas del Estado han lesionado gravemente el interés público. Para evitar esas patologías, el principio de control, propio de los reales Estados de Derecho, implementa sistemas y órganos encargados de vigilar el correcto uso de dichos recursos y, además, la conducta administrativa de funcionarios y particulares que manejan aquellos bienes.
En Ecuador, entonces, no faltan normas jurídicas, del más variado nivel, tendentes a garantizar la aplicación de ese principio, al punto, incluso, de establecer el principio constitucional de responsabilidad. Lamentablemente, las normas no alcanzan para combatir la corrupción cuando hay falta de voluntad política y ausencia de ética en quienes se encargan del uso y manejo de recursos públicos; tampoco cuando la Contraloría General del Estado es tomada por el poder político como instrumento de amenaza o persecución, llegando al extremo de ser selectiva en su accionar: laxitud en algunos casos y, en otros, total rigurosidad y arbitrariedad. Politizar el control de los recursos públicos provoca un resultado contrario: impunidad, falta de autonomía del ente contralor y crecimiento de la corrupción.
PDF/ Autor: Ismael Quintana / 2025/ Edición: Segunda.
Esta obra aborda aspectos relacionados con la administración de justicia, como la gestión de recursos humanos y materiales, la descongestión de los tribunales y la implementación de tecnologías para mejorar la eficiencia y transparencia del sistema judicial en el Ecuador, definiendo con claridad las competencias y jurisdicción de los distintos órganos judiciales, regulando los procedimientos y normas de conducta ética para los funcionarios judiciales.
Tamaño: A5 / Formato Impreso / Portada: Pasta rústica.
En esta obra se establece el lineamiento para la organización y funcionamiento de los registros públicos, como son: registro de la propiedad, mercantil, regulando la creación, operación, y supervisión de los registros públicos a nivel nacional, asegurando de esta forma, la integridad y veracidad de los datos registrados y promoviendo la eficiencia en la gestión administrativa de los mismos.
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